La consagración del derecho a un medio ambiente adecuado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representó un trascendental avance en el país hacia la protección de los derechos sociales. No obstante, con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y la superación, en el 2012, del concepto de "medio ambiente adecuado" por el de "medio ambiente sano", junto con la inclusión de un régimen de responsabilidad por daño y deterioro ambiental, se materializó un cambio profundo en la concepción que se tenía sobre el medio ambiente y su consideración como derecho humano.
